La disposición legal surge por efecto de un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta, quien denunció que se vulneraron sus derechos de forma “flagrante” al inhabilitarla pese a cumplir todos los requisitos que establecía la convocatoria del proceso de preselección para el Consejo de la Magistratura, al que postulaba.