A través de un informe de oficio, la Defensoría del Pueblo ha lanzado duras críticas a la forma en que se ha manejado el caso del niño abusado por 4 hombres.
Observó la tardanza en el diagnóstico médico, que perjudicó el tratamiento oportuno del menor, que posiblemente le habría ahorrado la agonía de dos ingresos a terapia intensiva, una en octubre de 2021, y la otra en esta semana.
El abogado Joadel Bravo criticó que el mismo forense, Luis Fernando Moreno Guzmán, participara en dos informes que se contradicen, aunque en el segundo también estuvo presente Rosmery Vargas.
El informe de la Defensoría indica que, una vez iniciado el proceso penal, en octubre de 2021, cuando el menor ya había entrado a terapia, este careció de efectividad por la inacción de las instancias competentes; y que en el caso del Instituto de Investigación Forense (IDIF), no se habrían realizado los informes de trabajo social y psicología forense requeridos por el fiscal.
Respecto a las acciones del Ministerio Público, en abril de 2022, rechazó la denuncia, fundamentando esta determinación en que la víctima y el denunciante no aportaron suficientes pruebas contra los supuestos autores.
En cuanto a la Defensoría de la Niñez, la Defensoría del Pueblo critica que realizó acciones muy limitadas que no impulsaron la investigación del hecho de manera efectiva y oportuna, lo que generó mayor desprotección de la víctima.
Bravo apuntó a que el forense ni siquiera tiene título, “porque no lo tiene, todos los médicos de provincia no tienen”, cosa que ha denunciado, y quizás la historia hubiera sido distinta. También observó que lo mínimo que debió hacer el forense fue convocar a un especialista.
“Aquí la omisión de los análisis forenses ocasiona que vaya presa una persona inocente, o que sea absuelta otra culpable. El informe forense es el documento angular, base de una investigación sexual”, dijo.
A las alusiones defensoriales, desde el IDIF respondieron que la primera valoración se hizo en el plazo establecido, pero el delicado estado de salud de la víctima dificultó realizar la evaluación de manera detallada porque se encontraba en terapia; sin embargo, en ningún momento defiende las conclusiones de que no se detectó violencia corporal genital.