El gobierno panameño anunció el jueves (17.02.2022) el inicio de una investigación sobre posibles esterilizaciones realizadas en un hospital público a mujeres indígenas sin su consentimiento, mientras una comisión legislativa adelanta pesquisas para llevar este escándalo ante la justicia.
La decisión se produce horas después que la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, manifestara que no había “datos veraces y fehacientes” sobre el tema. En Panamá “si no hay consentimiento informado no se realiza ningún procedimiento” de esterilización, dijo Berrio, culpó también a la oposición de promover denuncias sin pruebas, para opacar la labor del gobierno, pese a que en la comisión legislativa que investiga las denuncias hay diputados oficialistas.
La denuncia fue hecha a una delegación de la Asamblea Nacional -que Chandler integró- durante una visita en octubre de 2021 a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.
Según Chandler, tras esta visita, la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional giró una nota al entonces ministro Sucre, preguntando por las denuncias y solicitando, sin éxito, su comparecencia ante el órgano legislativo.