A petición del presidente Nayib Bukele, el Congreso Salvadoreño, determinó el prolongamiento del estado de excepción en el todo el país, lo que significa la anulación de libertades de los ciudadanos, como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de la pertenencia y la libertad de asociación. Una decisión fuertemente criticada por la oposición en el país.
En un principio el estado de excepción fue puesto en marcha debido al repentino crecimiento de los asesinatos un fin de semana, que dejó un saldo de 80 muertos. Lo que alarmó a la población y al gobierno salvadoreño.
Fueron 3 días de luto para el país, por lo que la política de “mano dura contra las maras” de Bukele fue endurecida junto con el Plan Control Territorial, requisando colchones en las cárceles, quitándoles comida y tiempo de recreación a los reos, inclusive, se hicieron modificaciones en el código penal.
Según estadísticas gubernamentales, existen cerca de 70.000 miembros de las pandillas en territorio salvadoreño, por lo que los esfuerzos del gobierno se centraron principalmente en adquirir equipamiento militar para combatir a las pandillas.
La reforma judicial establece que aquellas personas que pertenecen a las pandillas podrían ser condenadas de 20 hasta 40 años de cárcel, una medida que asciende para los líderes de las pandillas, de 40 a 45 años de prisión. Una reforma que incluye hasta a los menores de 12 años de edad que sean miembros de las pandillas, al considerarlos y juzgarlos como adultos.
Desde 2020 las medidas de Bukele han adquirido grandes porcentajes de popularidad y el toque de queda no fue la excepción, alcanzando hasta un 90% de aprobación de la población. No obstante son varios los ciudadanos que se han quejado de las restricciones, denunciando incluso que han sido detenidos injustamente solo por lucir como un “sospechoso” para las autoridades. Además de los organismos internacionales de derechos humanos.