En diciembre, del 2023 el Ministerio de Cultura de Perú hizo oficial la decisión de adjudicar la comercialización de entradas virtuales al santuario histórico de Machu Picchu, a la empresa privada Joinnus, con la finalidad de que los turistas puedan adquirir sus entradas de manera más rápida y segura. La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, comunicó que esta medida enteraría en vigencia desde el 20 de enero de la presente gestión.
Sin embargo, los pobladores, comerciantes y operadores turísticos del lugar se opusieron a esta disposición porque consideran que se trata de una “privatización sistemática” de la ciudadela inca; por lo que, desde el pasado jueves, 25 de enero, anunciaron un paro indefinido en la localidad, lo que afectó a cientos de turistas que no pudieron ingresar a las ruinas y tuvieron que ser evacuados durante el fin de semana.
Ante esta situación, la empresa Joinnus comunicó que se puso a disposición del Ministerio de Cultura para el inicio de un nuevo proceso de selección y que había renunciado voluntariamente a percibir las comisiones por un periodo de seis meses. Mientras que el gobierno peruano niega que exista una privatización y aseguró que es necesario controlar la cantidad de turistas en el lugar.
