El diputado proyectista Carlos Alarcón, de la bancada de Unidad, recordó que el 15 de diciembre de 2025 presentó el proyecto de ley de libre transitabilidad (antes denominado “ley antibloqueos”) que establece penas de tres a seis años de cárcel para quienes ejecuten bloqueos e impidan el libre tránsito, de cinco a ocho años para organizadores, promotores o financiadores, y de diez a veinte años cuando las protestas atenten contra la vida o el patrimonio público.
A pesar de que la diputada Sofía Rocha, de la misma bancada, consideraba que una normativa de este tipo debía enfocarse en la prevención, señaló que el actual contexto obliga a endurecer las medidas y aprobar la ley con urgencia, mientras que el diputado Alejandro Reyes pidió a la Comisión de Justicia Plural acelerar el tratamiento del instrumento legal para sancionar los hechos de violencia.
El proyecto de ley, que será tratado esta semana en la Cámara de Diputados, prevé también la congelación de cuentas bancarias y responsabilidad civil para las organizaciones que causen daños económicos, aunque la Central Obrera Boliviana (COB) advirtió que la norma vulnera el derecho a la protesta y anunció un cabildo nacional para rechazarla.
