Imágenes y testimonios difundidos en redes sociales evidencian los actos de violencia y saqueo ocurridos el domingo por la noche en el sector de Río Seco, en El Alto, donde manifestantes –algunos acompañados por niños– agredieron a conductores, rompieron parabrisas de vehículos y amenazaron a vecinos y comerciantes que intentaban circular o mantener sus actividades, pese a que horas antes se había firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y la COB para levantar los bloqueos, una escalada de intolerancia que generó alarma ciudadana y obligó a la policía a intervenir con gasificación para dispersar a los grupos que, según el reporte oficial, seguían obstruyendo la vía y promoviendo el pánico incluso después de las 8:00 p.m.
Aunque las autoridades policiales explicaron que los manifestantes se dirigieron en contravía hacia la Ceja exigiendo el cierre de locales y la paralización del transporte público bajo amenazas de saqueo , la presencia de menores en medio de la confrontación y los daños a propiedad privada han levantado demandas de investigación para que estos hechos no queden impunes y se siente un precedente contra la violencia como método de presión social.
Este episodio, que contrasta con el discurso oficial de diálogo y pacificación, subraya la dificultad de controlar a facciones radicalizadas que rechazan los acuerdos y mantienen acciones desestabilizadoras, exponiendo la vulnerabilidad de ciudadanos ajenos al conflicto y la necesidad de mayores protocolos de seguridad para proteger tanto el derecho a la protesta como los derechos de quienes no participan en ella.
