La empresa estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) vuelve al centro del debate político tras denuncias sobre la permanencia de funcionarios vinculados a la administración del expresidente Luis Arce y la presunta intención de reencaminar contratos con compañías extranjeras del sector.
La diputada potosina Lissa Claros sostuvo que alrededor del 90% del personal de confianza designado durante la gestión anterior continúa ocupando espacios clave dentro de la estatal. A su juicio, esta situación genera cuestionamientos debido al carácter estratégico del litio en el nuevo enfoque económico planteado por el actual Gobierno.
Claros afirmó que existiría un movimiento interno orientado a consolidar acuerdos previamente observados, entre ellos los suscritos con la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC, además de acercamientos con un consorcio australiano-alemán y otras firmas internacionales. Según la legisladora, el objetivo sería encaminar estos convenios hacia su aprobación definitiva.
La parlamentaria recordó que dichos contratos fueron resistidos en la anterior gestión por considerar que no garantizaban beneficios suficientes para el país, particularmente para el departamento de Potosí. En esa línea, advirtió que cualquier avance sin una revisión integral podría profundizar el rechazo social en la región.
El debate se produce en un contexto en el que el litio es considerado uno de los recursos estratégicos más relevantes para la proyección económica de Bolivia, lo que mantiene bajo observación pública las decisiones adoptadas en torno a su industrialización y asociación con capitales extranjeros.
