La jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, Gladys Bacarreza, fue suspendida del cargo por cuatro meses, siendo acusada de favorecer a feminicidas y violentos, además de torturar a las víctimas y a sus familiares.
“El Consejo de la Magistratura envió a esta jueza a procesos disciplinarios por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, pero en 2021 se emitió una resolución de suspensión del ejercicio de sus funciones, (la misma) fue apelada con una acción de amparo constitucional”, mencionó la abogada, Jhenny Prado.
Prado indicó que la suspensión es un avance, pues ahora se busca que se notifique una resolución de destitución.
Según la jurista, existen 92 denuncias contra la jueza de acuerdo con el registro del Consejo de la Magistratura.
Relató que tres familiares de víctimas de violación y de violencia, denunciaron a la jueza porque los había privado de libertad en un “cuarto de torturas”.
“Está en su mismo despacho. Ella tiene un ambiente donde almacena sus libros y expedientes. En este lugar ha encerrado a las víctimas de violencia y a familiares que han buscado justicia”, mencionó y aseguró que en ese cuarto, la jueza pedía 3.000 dólares a las víctimas a cambio de ayuda en sus procesos.
Prado de igual manera denunció que si las familias no le daban el dinero solicitado, la jueza favorecía a los acusados aunque hayan cometido violencia sexual o física.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dirigida por la diputada Gladys Quispe, dijo que recibió varias denuncias contra Bacarreza por retardación de justicia de casos de violencia, por lo que hizo la Petición de Informes al Consejo de la Magistratura.