Denuncias de litigantes, sumado a controles impulsados por el Gobierno y el Consejo de la Magistratura lograron desarticular las redes más grandes de corrupción en diferentes juzgados de Bolivia.
Hasta la fecha son 12 jueces procesados, la mayoría por liberar a personas sentenciadas por delitos graves. Desde la Asamblea Legislativa se analiza una norma que busca endurecer las sanciones contra los jueces corruptos.
“En el país existen 18 jueces de ejecución penal, se están investigando a 10 juzgados, estamos hablando de 10 jueces a nivel nacional que probablemente habrían beneficiado de manera ilegal a feminicidas y violadores”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
De los 12 jueces, tres fueron encarcelados (dos en La Paz y una en Chuquisaca), uno tiene arresto domiciliario (Santa Cruz), otro fue imputado (La Paz) y hay siete investigados, cinco por liberar delincuentes y dos jueces anticorrupción por favorecer a los procesados. Junto a ellos también están procesados exfiscales, unos cinco abogados, dos trabajadoras sociales, un médico y un psicólogo.