Bolivia recibió un fuerte sacudón informativo este 1 de octubre tras conocerse la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto internacional de Viru Viru.
El caso tomó mayor relevancia en medio de la polémica por las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos a ambas autoridades, en un contexto de cuestionamientos y presuntas vinculaciones con hechos de corrupción y protección al narcotráfico. Sin embargo, las restricciones migratorias y la investigación penal en Bolivia son asuntos distintos, y cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
A este escenario se sumó la difusión de un video de Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo buscado internacionalmente, en el que se refiere a Mariaca como “mi amigo” y afirma que el fiscal le avisaba “lo que tiene que avisar”. Estas declaraciones generaron nuevas interrogantes sobre una posible relación entre ambos, aunque el contenido deberá ser contrastado en el marco de la investigación.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno informó que el operativo dejó 14 personas aprehendidas. También señaló que la investigación está relacionada con presuntos hechos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y crimen organizado. Estas acusaciones corresponden a la versión de las autoridades y deberán ser sustentadas dentro del proceso judicial.
Otro elemento que llamó la atención fue la intervención de una ambulancia que salió del domicilio de Roger Mariaca y en cuyo interior se encontraron fajos de billetes. Según la información difundida por las autoridades, cuatro personas fueron aprehendidas en relación con este hecho y el dinero quedó bajo investigación para establecer su procedencia y destino.
El operativo fue ejecutado por la Policía Boliviana, con cooperación internacional, según informó el Gobierno. Además, se reportaron actuaciones policiales en dependencias del Ministerio Público, mientras desde la Fiscalía se cuestionó la legalidad de la aprehensión de Mariaca.
En medio de estos acontecimientos, también surgieron versiones sobre la situación del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo. Informaciones posteriores reportaron su aprehensión, por lo que su situación debe ser diferenciada de los datos iniciales proporcionados durante las primeras horas del operativo.
El caso abre interrogantes sobre las pruebas que sustentan las investigaciones, el alcance de los operativos y las posibles responsabilidades de las personas involucradas. Las acusaciones todavía deben ser esclarecidas y se debe respetar la presunción de inocencia de todos los investigados.
Mientras avanzan las pesquisas, la atención se concentra en la información oficial que puedan brindar las autoridades y en los elementos que se incorporen al proceso para determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades penales.
