Una Ley Municipal establece la obligación del Ejecutivo de asumir acciones preventivas destinadas a garantizar la libre transitabilidad y reducir los riesgos que puedan afectar la circulación de la población.
La normativa busca que las autoridades actúen de manera anticipada ante situaciones que puedan generar restricciones en la movilidad, con el objetivo de resguardar el desplazamiento de ciudadanos, vehículos y servicios esenciales. La iniciativa surge en un contexto donde la transitabilidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para distintos sectores de la población.
