La Fiscalía ha iniciado investigaciones contra los implicados en los bloqueos por presuntos delitos de terrorismo, tráfico, tenencia ilícita de armas, asociación delictuosa, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, secuestro, instigación pública, atentado contra los servicios públicos y la seguridad del transporte.
Ramiro Cucho (CONOMAQ) y Humberto Claros (CSUTCB), fueron detenidos el pasado 13 de noviembre en Potosí y Cochabamba, respectivamente, y trasladados posteriormente a La Paz.
Tras conocerse la captura de estos dirigentes, el expresidente Evo Morales denunció el hecho, calificándolo como un acto “ilegal y arbitrario” que, según él, busca “acallar al pueblo”, acusando al Gobierno de vulnerar el derecho a la protesta.
Por su parte, Vicente Choque, ejecutivo de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, consideró estas detenciones como una “provocación” y las calificó como estrategias del Gobierno para generar caos y evitar atender las demandas del pueblo boliviano, sobre la falta de combustible y el aumento de precios en la canasta familiar.
Previo a estas aprehensiones, Gerardo García, dirigente del MAS, reveló que a los bloqueadores se les estaba pagando hasta 150 bolivianos diarios por su participación.
“Por día, mínimo o máximo, antes nos daban 20 o 30 pesos (Bs); hoy en día se les da 100, 150 pesos (Bs), dependiendo desde donde vienen”, detalló.
Si se calcula el pago por los 24 días de bloqueos, cada persona habría recibido aproximadamente 3.600 bolivianos. Al respecto, las autoridades destacaron la importancia de estas detenciones en el marco de la ley.
