Tribunal desestima la apelación de la defensa en el caso del desfalco millonario al Fondo Indígena La justicia boliviana determinó ratificar la ampliación de la detención preventiva por cinco meses para el expresidente Luis Arce. La resolución se dictó la tarde de este martes durante la audiencia de apelación presentada por la defensa del exmandatario, quien continuará recluido en el penal de San Pedro en la ciudad de La Paz.
La medida judicial se enmarca directamente en las investigaciones en curso por el desfalco millonario del Fondo Indígena. Este proceso penal indaga las irregularidades económicas y administrativas ocurridas durante el periodo en que Arce se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas Públicas del país.
Declaraciones en la audiencia de apelación
Durante su intervención ante el tribunal de alzada, el expresidente manifestó su disconformidad con el desarrollo del proceso legal y solicitó que se revisaran las medidas cautelares aplicadas en su contra. "No vengo a pedir un favor, pedimos que se aplique la ley", aseveró la exautoridad en su comparecencia técnica.
Pese a los alegatos presentados por los abogados defensores, los administradores de justicia concluyeron que los riesgos procesales se mantienen vigentes. Por este motivo, se consideró indispensable asegurar la presencia del investigado para el avance de las pericias financieras correspondientes.
Puntos clave del dictamen judicial
Las determinaciones asumidas por las autoridades judiciales establecen el siguiente panorama legal:
- El exmandatario permanecerá recluido en el penal de San Pedro por un lapso adicional de cinco meses.
- Los plazos de la etapa preparatoria se extienden para la acumulación de elementos probatorios de cargo y descargo.
- Las investigaciones fiscales continuarán enfocadas en los mecanismos de desembolso ejecutados por el Ministerio de Economía.
Con esta ratificación, el cronograma de la etapa preparatoria se amplía de manera formal. Durante este tiempo, los peritos financieros adscritos al caso procederán con la revisión exhaustiva de los flujos de caja y las firmas autorizadas en los desembolsos económicos bajo sospecha legal.
