La justicia peruana ordenó este martes, 19 de noviembre prisión preventiva por 36 meses para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, mientras enfrenta investigaciones por presunto tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a una organización criminal. La decisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien alertó sobre el riesgo de fuga debido a las conexiones del acusado con altos círculos de poder.
Boluarte no asistió a la audiencia en la que se dictó la medida, lo que llevó a las autoridades a emitir su búsqueda dentro y fuera del país. Su paradero es desconocido desde el domingo, cuando participó de manera virtual en una audiencia televisada. La Fiscalía había solicitado su detención tras identificar indicios de que planeaba evadir el proceso judicial.
La acusación detalla que Nicanor Boluarte habría ejercido influencia indebida tras el ascenso de su hermana a la presidencia en diciembre de 2022, luego de la destitución de Pedro Castillo. Según la Fiscalía, utilizó su posición para designar funcionarios afines a un esquema corrupto, exigiendo contribuciones económicas y apoyo en trámites políticos, como la creación de un nuevo partido.
En mayo, fue detenido brevemente junto al abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, acusado de intentar obstruir las investigaciones en su contra. Castañeda también está señalado por la Fiscalía por presuntas maniobras para proteger al acusado y recopilar información privilegiada desde las fuerzas policiales.
Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte enfrenta investigaciones propias por presunto enriquecimiento ilícito y complicidad en las muertes de manifestantes durante las protestas contra su gobierno en 2022. A pesar de la caída de su popularidad y la creciente presión, Boluarte ha negado todos los señalamientos y mantiene su posición al frente del gobierno peruano hasta 2026.
