Entre 2013 y agosto del 2021 fueron cerrados 263 casos de feminicidio bajo la figura de sobreseídos, rechazados y absueltos; todos estos casos equivalen al 27,1% de los 969 casos reportados hasta agosto del 2021. Según estos datos, existen más casos impunes donde la justicia no dio con los autores o los capturaron para luego liberarlos por no cuidar las pruebas o ni siquiera buscarlas. Además, hay nueve desestimados que pasaron a ser juzgados por otro tipo penal que tiene una condena menor.
La dilación de justicia se da desde el inicio del proceso, la etapa preliminar que debería durar máximo ocho días según normativa boliviana vigente, en el 47% de los casos revisados tardó más, llegando incluso a sobrepasar los 90 días.
En la etapa preparatoria que debe durar seis meses, en un 40% duró incluso por encima de los 12 meses, incumpliendo así el principio de celeridad y la debida diligencia, según la Unfpa. Si bien la normativa permite una ampliación de hasta 18 meses, se comprobó que en ese periodo la Fiscalía no realizó actos investigativos en un 36% de los casos.
Para Marisol Quiroga, abogada especialista en casos de feminicidio, cuando no se da con el autor o autores, la etapa preliminar de un proceso por feminicidio que debe durar ocho días puede prolongarse por años y esto disuade a la familia de la víctima. “En un principio ellos quieren encontrar justicia, están motivados, pero el sistema se encarga de expulsarlos, los envían de una instancia a otra y viceversa. No les explican cómo es el proceso y cómo pueden ayudar”.
En ese contexto, la justicia boliviana es objeto de contraste. Sin ir lejos, en el vecino país de Perú el porcentaje de sentencias condenatorias ejecutoriadas por feminicidio es del 84% (2013-2019), mientras que en Bolivia se condenó solo a 262 victimarios (27%) entre el año 2013 y agosto del 2021, ya sea por procedimiento abreviado o por juicio oral, sin embargo, no se conoce el dato de las sentencias ejecutoriadas (condena definitiva donde ya no puede interponerse ningún recurso) pues las instancias correspondientes se encargan de que la cifra no sea pública.
Un cruce de informes oficiales internos de la Fiscalía recopilados por esta investigación muestra 969 casos de feminicidio ocurridos entre 2013 y agosto del 2021 pero, en la rendición de cuentas públicas oficiales solo reporta a 886 víctimas, dato que eleva el cálculo el porcentaje acumulado de condenas a 30%, cuando la cifra obtenida es del 27%.
Para Mónica Bayá y Mariel Paz, abogadas y activistas por los derechos humanos, una de las barreras para la resolución de feminicidios es el insuficiente personal para investigar los casos, pero en el mismo camino se encuentra la negligencia de los operadores de justicia, quienes minimizan los hechos de violencia, no analizan los antecedentes ni los contextos donde ocurren los crímenes y carecen de perspectiva de género.
Andrea Barrientos, senadora nacional en su informe oral como miembro de la Comisión Mixta Legislativa sobre Retardación de Justicia en Casos de Feminicidio, observó que este dinero se destinó a gastos de funcionamiento sin cumplir el objetivo, la misma Comisión indicó que solo 34 juzgados de violencia contra la mujer deben resolver 200 mil causas al año.
