El vehículo fue secuestrado por las autoridades debido a la aparición de múltiples propietarios registrados. Se investiga la posible implicación de un policía que inicialmente se hizo pasar por minero, así como funcionarios de Sica Sica que tramitaban varios RUATs originales.
Los agentes involucrados han sido derivados a Didipi, y el caso se ha reabierto por estafa múltiple agravada, ahora en manos del Ministerio Público. Se está buscando a los responsables de este delito para llevarlos ante la justicia.
